Sacyr amplía al 1 de febrero el plazo para negociar un acuerdo con el Canal
El consorcio encargado de la ampliación del Canal de Panamá, liderado por el grupo español Sacyr, y las autoridades panameñas siguen acercando posturas. Las empresas que integran el Grupo Unidos por el Canal (GUPC) se han dado de plazo hasta el 1 de febrero para seguir negociando un acuerdo que evite paralizar las obras por la falta de liquidez de las constructoras, según anunciaron este jueves. Las partes han llegado a un acuerdo para crear «un protocolo de negociaciones como primer paso hacia un acuerdo integrar para la finalización del proyecto».
«El protocolo prevé el desarrollo de discusiones acerca de soluciones completas, incluyendo la propuesta de cofinanciamiento que involucra a ACP [Autoridad del Canal de Panamá], GUPC y a la aseguradora Zurich«, afirmó el consorcio en un comunicado.
El consorcio liderado por Sacyr espera encontrar soluciones en los próximos días para acabar las obras y ofrece cofinanciar los sobrecostes, cifrados en unos 1.200 millones. La alternativa sería más lenta y cara. Un documento confidencial de la Junta de Resolución de Conflictos (DAB, por sus siglas en inglés), el órgano panameño mediador entre las partes, advierte de que, en caso de ruptura del contrato, las obras no se acabarían en 2015, como está previsto, sino más probablemente entre 2018 y 2020, según fuentes de dicho órgano.
Por medio del protocolo suscrito, «las partes acordaron continuar el diálogo, en principio, hasta el 1 de febrero de 2014, con el fin de encontrar una solución a largo plazo para al confinanciamiento y, así, conseguir la finalización de la obra».
La aseguradora suiza Zurich, responsable de los avales sobre la obra, presentó esta semana a la Autoridad del Canal de Panamá y al consorcio que lidera Sacyr una propuesta de mediación para solucionar la financiación de las obras. Zurich ofrece convertir fianzas de 600 millones de dólares (unos 440 millones de euros) en préstamo al consorcio Grupo Unidos por el Canal.
Por su parte, la ACP debería renunciar a exigir por ahora la devolución de anticipos y facilitar la parte que aún no ha desembolsado del total del presupuesto, que ronda los 3.300 millones tras las revisiones efectuadas por los materiales y la mano de obra. Por ahora, la ACP ha pagado 2.048 millones de dólares por certificaciones y ha dado anticipos por otros 780 millones. Tendría, por tanto, en torno a otros 500 millones de dólares disponibles del presupuesto.
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